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El programa de Facilitadores Judiciales Comunitarios surge a finales de los años noventa, con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos OEA, con el objetivo para el Estado de reducir la conflictividad, para los tribunales de justicia provocar la descongestión de expedientes y facilitar a la ciudadanía su acceso a las instituciones que imparten justicia.
Es menester señalar que antes de implementarse en la República de Panamá el programa Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios, ya el mismo había sido aplicado con éxito en Nicaragua, siguiendo su implementación en otras regiones como Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En la República de Panamá se instaura el Programa de Facilitadores Judiciales Comunitarios en el año 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia en la figura de su presidente Harry Mitchel llega a un acuerdo de entendimiento con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.
Así las cosas, para la implementación del programa de Facilitadores judiciales la Corte Suprema de Justicia con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos crean un marco legal para su funcionamiento, así tenemos el Acuerdo N°723 de 21 de noviembre de 2008, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios y el Decreto Ejecutivo 777 de 21 de diciembre de 2007, normativa que regula lo relacionado a la Mediación Comunitaria.
En tal sentido el dice: se crea el Sistema Nacional de Facilitadores (as) Judiciales Comunitarios, señalando como función principal, la de servir de enlace entre la ciudadanía y el Órgano Judicial, y garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia.
De igual modo, el sistema busca la promoción de una cultura de paz en las comunidades beneficiadas con el programa y a su vez, fortalecer los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos como vía para mantener la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad.