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El Poder Judicial trabaja para eliminar las desigualdades en las que se encontraban estos compatriotas que, muchas veces, eran marginados, discriminados y violentados, incluso, por el propio sistema, afirma la jueza Janet Tello Gilardi.
Hace siete años, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), mediante la Resolución N° 089-2017-CE-PJ, puso en marcha el citado grupo de trabajo, que lidera la jueza suprema Janet Tello Gilardi, con el objetivo de superar las barreras sociales, económicas, étnicas y culturales que obstaculizan el ejercicio de derechos en el sistema, para un acceso igualitario y efectivo de diversos grupos vulnerables (ver cuadro).
Labor
En este lapso se beneficiaron más de 2 millones 500,000 personas con la ejecución de más de 3,600 actividades, entre capacitaciones, campañas de promoción de derechos, ferias simultáneas Llapanchikpaq Justicia, alertas judiciales, orientación judicial, justicia de paz escolar, entre otros.
A la par, la comisión desarrolló más de 95 productos, como protocolos, directivas, instructivos y formularios, libros y revistas especializadas, convenios interinstitucionales, entre otros, vinculados con su labor en favor de los grupos vulnerables.
“El Poder Judicial está dando pasos muy positivos, mediante la comisión, en tanto se convirtió prácticamente en un agente de cambio a efectos de luchar contra los obstáculos, destruir las barreras y desigualdades en las que se encontraban las poblaciones vulnerables, de manera histórica, las cuales eran marginadas, discriminadas y violentadas, muchas veces, por el propio sistema de justicia”, afirmó Tello.
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, la magistrada sostuvo que lo que ahora se busca con la eliminación de estas barreras y obstáculos es que esos segmentos poblacionales accedan al servicio de justicia en condiciones de igualdad.
“La comisión trabaja en los 10 ejes poblacionales bajo el marco jurídico de las 100 Reglas de Brasilia, que constituyen prácticamente la guía que contiene una serie de obligaciones que adoptaron los presidentes de los poderes judiciales y otras instituciones, primero, en el 2008, en Brasilia, y después se actualizaron en el 2018. El Perú, mediante el Poder Judicial, se adhirió a esas reglas”, explicó.
Por lo tanto, recalcó, esas reglas que figuran también en tratados internacionales y otras leyes que, al adherirse el Perú, se consideran de obligatorio cumplimiento para el Poder Judicial, las implementa la comisión en favor de esas poblaciones vulnerables que históricamente no tuvieron las posibilidades de ejercer sus derechos a plenitud.
Acciones
Tello manifestó que en cada uno de los ejes poblacionales se plantean políticas y adoptan medidas, acciones, tendientes a revertir su situación de discriminación y marginación. “La comisión plasma sus esfuerzos mediante un trabajo voluntario que incluye a magistrados de todo el país y al personal jurisdiccional y administrativo”, anotó.
Los jueces y servidores, refirió, forman comisiones distritales “que dependen de alguna manera de la comisión permanente que dirigimos. Trabajamos sobre la base de un plan nacional del Poder Judicial y lo que requiera cada realidad, porque cada corte presenta sus particularidades”.
“Para atender esas particularidades y poder brindarles esa posibilidad de acceder a la justicia, vimos la necesidad imperiosa de trabajar programas de justicia itinerante. A pesar de las dificultades, podemos sentirnos muy satisfechos del trabajo de la comisión que logró que el Congreso de la República apruebe, en diciembre del año pasado, la Ley N° 31968, la Ley de Justicia Itinerante”, resaltó.
La magistrada señaló que la justicia itinerante es el desplazamiento de todo el servicio de justicia hacia los lugares alejados de las sedes de corte para atender a las personas que no pueden acceder al sistema, ya sea por razones geográficas o de pobreza. Incluso, se ejecuta en las zonas periféricas de Lima, agregó.
Por ejemplo, rememoró, en Manchay “fuimos a una plaza pública previa convocatoria a las personas mediante todas las alianzas posibles. En ese caso, la parroquia informó en la misa del domingo que el martes y jueves llegaban los magistrados con la justicia itinerante. En esa ocasión, fue específicamente para los casos de violencia contra la mujer”.
Ahorros
“Entonces, ahorramos costos y descartamos la posibilidad de que estas personas consideren que nunca van a poder encontrar justicia porque acercamos la justicia. Es muy importante acercar la justicia hacia las personas que más la necesitan y es otro de los objetivos que estamos alcanzando”, aseveró.
Tello mencionó también que ahora la Ley de Justicia Itinerante, junto con las Reglas de Brasilia, permiten contar con mayores alcances, porque la nueva norma “genera la obligatoriedad también de otras entidades de trabajar de la mano con los jueces, porque para ir a un determinado lugar tal vez se necesite que participen el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Desde el 2018, el servicio de justicia itinerante organizó más de 900 campañas para promover los derechos fundamentales y se instalaron similar número de mesas de partes. En total, se recibieron más de 6,000 demandas, celebraron alrededor de 3,000 audiencias itinerantes y emitieron más de 3,000 sentencias sobre pensión alimentaria, filiación extramatrimonial, rectificación de partidas y violencia familiar.
Unidad
Tello resaltó también que el trabajo de la comisión que lidera es trascendente para la marcha del sistema de justicia, por lo que pronto se convertirá en una unidad orgánica, de tal manera que ingrese a formar parte de la estructura del Poder Judicial.
“Se entiende que las comisiones cumplen un objetivo y desaparecen, pero la nuestra no podría acabar nunca porque implementa las Reglas de Brasilia, que buscan garantizar los derechos de las personas vulnerables en todo momento, o sea, es vigente siempre y ya se trabaja de esa forma”, aseveró.
Mediante la Resolución N° 0094-2024-CE-PJ, el CEPJ dispuso que la Gerencia General del Poder Judicial, en breve término, proponga la creación de la Unidad de Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia Itinerante, para que continúe el trabajo de la comisión.
Según la norma, la unidad deberá estar a cargo de la formulación, planificación, gestión, ejecución, evaluación y mejora de las acciones de fortalecimiento y consolidación del efectivo acceso a la justicia, implementando las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de manera coordinada intra e interinstitucional a escalas nacional e internacional, y el cumplimiento de la Ley Nº 31968, Ley de la Justicia Itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad.
Orientadoras judiciales
Del 2018 al 2023, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad acreditó más de 800 orientadoras judiciales, lideresas comunitarias capacitadas para brindar apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad. Ellas están presentes en 20 cortes superiores de Justicia del país y el servicio, además, se incorporó al Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El año pasado efectuaron más de 6,000 atenciones.
“Son mujeres lideresas que tienen, por lo general, recursos económicos muy reducidos, pero que cuentan, sin embargo, con una conciencia de lo que es la protección de los derechos de las mujeres, empezando por ellas mismas”, aseguró Janet Tello.
Las orientadoras, informó, recibieron capacitación en todo lo que es violencia de género para que puedan ser el brazo extendido del Poder Judicial en sus comunidades, “de tal manera que, gozando de mucha legitimidad, las personas, sobre todo, las mujeres y los niños víctimas de violencia acudan a ellas”.
Además, dijo, están certificadas por el Poder Judicial, tienen un registro, siguieron cursos, todo voluntario, gratuito, y cuentan ahora con el carné que las identifica. “Empezamos con un grupo pequeño en Lima de más de 30 y ahora son 800 mujeres a escala nacional que han permitido que muchos casos de violencia no queden en la impunidad”, enfatizó la magistrada.