Desde 2014 vienen trabajando por la resolución de conflictos vecinales en el marco de un proyecto impulsado por la OEA y la Corte Suprema de Justicia. Son más de 400. No son abogados pero conocen ciertas leyes con las que abordan desacuerdos por deudas, linderos e incluso acoso sexual. La idea es que estos casos no lleguen a tribunales.
Dos vecinos de La Laguna, en Chalatenango, tuvieron un día una diferencia limítrofe. Uno acusaba al otro de haber movido los mojones que separan sus terrenos y que le quería quitar la barrera viva o natural. Como no lograban disipar sus diferencias, acudieron a Antonio López, un líder comunitario juramentado por la Corte Suprema de
Justicia como facilitador judicial, para que resolviera el caso.
Toñito, como llaman a Antonio, tomó el Código Civil y se acompañó de unos vecinos. Al llegar a los terrenos, relata este señor de 78 años, vio que el caso estaba “blandito”, es decir, fácil de resolver.
“Revisamos las escrituras y dijimos: aquí no había que estar peleando. Se peleaban por un cerco vivo y les expliqué la distancia que debían tener, que los dos habían consentido en tener ese cerco y les dije ¿qué era lo que estábamos peleando entonces? Levantamos un escrito del acuerdo que se tomó, las firmas y DUI de los dos vecinos y firma del facilitador”, rememora Toñito.
Y los dos vecinos quedaron en paz. Toñito cumplió con el objetivo que todo facilitador judicial procura: resolver conflictos sin necesidad de llegar a la violencia ni a los tribunales, contribuir a la convivencia de la comunidad y que esta acceda a la justicia.
Bajo ese objetivo se rigen los 432 facilitadores judiciales desplegados en 64 municipios del país. No son abogados pero conocen lo suficiente del Código Civil o las normativas contra la violencia intrafamiliar por ejemplo, para aplicarla en situaciones que amenazan dividir a vecinos.
Tampoco son jueces ni mediadores, pero ejercen un rol parecido en sus comunidades donde han sido elegidos en asamblea pública y juramentados por un juez de Paz. Ellos resuelven diversidad de problemas como el limítrofe que cuenta Toñito, conflictos porque animales se meten a terrenos y se comen los cultivos, amenazas a la seguridad de la localidad, incluso en casos de violencia intrafamiliar o acoso.
Los facilitadores aclaran que los casos de violencia en los hogares los remiten a los jueces de Paz, con quienes trabajan de la mano, a los que rinden informe mensual de los casos que van resolviendo y de los que reciben capacitación. Ellos no reciben un salario, pero sí viáticos cuando lo requieren, la Corte les da capacitación, chaleco y gorra con el logo de facilitadores judiciales y el compilado de leyes que ellos vana necesitar.
Reina Isabel Rivera, tiene 51 años y es catequista y facilitadora judicial en su caserío La Aldea, en La Montañona y La Laguna.
Reina Isabel resalta entre sus experiencias dos casos: haber ayudado a una vecina a recuperar el dinero que había prestado a un agricultor y otro relacionado con violencia intrafamiliar que involucraba a un militar. Por tres años, dice, le había instado a esta víctima a denunciar su caso ante las autoridades pero no se decidía hasta que un día la golpeó el marido y se llevó al niño de ambos. Después de eso buscó a Reina para que la acompañara a denunciar el hecho.
Reina dice que a ella siempre le ha gustado conocer sobre las leyes y que se siente capaz de desempeñarse en esta labor. Ella es una de las 186 mujeres facilitadoras en el país pero la cuestión de género no lo ve como desventaja, ella dice que al igual que los hombres corren riesgos por los conflictos en que intervienen y aunque hay gente que le dice que si no tiene miedo de que hasta la maten, ella les responde: “mi vida va a terminar cuando Dios quiera y no cuando las personas digan”.
Toñito también tiene en su cuenta casos como el de un joven que enamoraba a mujeres de edad madura hasta que un día se le pasó la mano y les insinuó su deseo de tener intimidad con ellas. Entonces ellas se unieron y pidieron a Toñito su ayuda. Este remitió el caso al juzgado y acompañó a las denunciantes.
La jueza de Paz de La Laguna, Carmen Orantes de Lara, confirma que llamaron al joven y que resolvieron, con el aval de las denunciantes, de que este joven se abstendría de acosarlas. Toñito dice que el joven “se calmó y no ha vuelto a hacer eso”.
El trabajo no es fácil, requiere de valentía a veces, dice Toñito. Reina coincide con él en que por la naturaleza del trabajo hasta pueden ganar enemistades o molestias de los vecinos que pierden en el conflicto, pero que ellos tratan de resolver los problemas con humildad y respeto.
Toñito, quien es facilitador desde 2014, viene trabajando con la comunidad desde la guerra, pero dice que “la diferencia entre el trabajo que hacía con Tutela Legal y este de facilitador es que aquí si hay apoyo con el juzgado y en aquel tiempo no, tocaba cabildear con el alcalde, con los soldados, con los guerrilleros y sin leyes en la mano”.
En este tiempo, Toñito junto a sus vecinos han trabajado por evitar la acción de las pandillas en la comunidad. “Aquí, gracias a Dios logramos unidos que unos pandilleros se fueran y otros no han podido (reclutar)… quisieron implantar una célula de ese bolado (pandilla) pero la gente respondió y nos defendimos”, relata.
Trabajo coordinado con jueces
La jueza Orantes de Lara dice que los facilitadores judiciales son líderes de sus comunidades y ejercen un trabajo muy importante. Po esto los capacitan de manera constante, ella misma dijo estar por darles una capacitación en la normativa de bienestar animal pues en el municipio hay mucho maltrato animal. Pero también dijo que hay bastante violencia intrafamiliar y que esos casos son resueltos en el juzgado.
Vecinos como José Fredy López y Rosendo López confirman que se da mucha violencia en el hogar pero reconocen el trabajo de los facilitadores y el de delegados de organizaciones que les ayudan a respetar los derechos dentro de la familia.
“Hemos aprendido a valorar los derechos de los niños por ejemplo y a no permitir que se haga más grave el problema de violencia”, dice Rosendo.
¿Prevenir estos casos de violencia descongestiona los tribunales? La jueza sonríe a la pregunta y prefiere resaltar el valioso trabajo de los facilitadores para que la gente tenga acceso a la justicia, tal como lo estableció la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando en 2011 impulsó este proyecto en coordinación con la Corte Suprema.
La magistrada de la Corte Suprema, Elsy Dueñas, es quien coordina este programa y está convencida de que a través de estos facilitadores la gente con escasos recursos o de lugares remotos acceden más a la justicia porque se apoyan en ellos para resolver sus conflictos vecinales, descongestionan los tribunales y previenen la violencia.
“El facilitador es el líder de la comunidad, se encarga de que en vez de que la gente de su comunidad vaya al juzgado a denunciar, media entre las partes en conflicto y resuelve. Es una cultura de paz, de prevención”, resume Dueñas.
La jueza Orantes, quien es la encargada de supervisarles y capacitarles, resalta que los facilitadores son personas cercanas a su comunidad, les tienen confianza y se sienten respaldada.
“La gente siente cerca el juzgado a su comunidad porque saben que ellos son un puente, un enlace con nosotros. Por ejemplo, en el caso de una persona que quiere divorciarse y no saben qué proceso se sigue, el facilitador me llama y me habla de esta persona y le oriento a que documentos que puede llevar y le hago la cita con el procurador para que me atiendan a esa persona”, ejemplifica la juzgadora.
Toñito y Reina Isabel coinciden en que hay mucha gente que siente miedo o pena de ir a un juzgado por si sola, por lo que se abocan a ellos. ¿Se considera una especie de abogada para la comunidad?, se le pregunta a Toñito y él responde: “Hago algunas cosas que parecen eso pero no es. Aquí a la gente cuando hay un problemita les doy alguna orientación legal, pero cosas serias las remito donde la Licenciada (la jueza)”.
Un programa de la mano de la Corte Suprema de Justicia
El programa de facilitadores judiciales nació en 2014 por iniciativa de la OEA. Capacitaron jueces y luego arrancaron con 600 facilitadores. Estos son elegidos por la comunidad mediante asambleas y son juramentados por los jueces de Paz.
Los jueces de Paz les capacitan en distintas leyes y es a ellos a quienes rinden informes de su trabajo en las localidades.
Según el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Corte, hay 432 de estos servidores que operan en 64 municipios de 9 departamentos, donde no hay alto riesgo de operatividad de pandillas u otro tipo de violencia social. Se tiene proyectado ampliarlo a otros municipios, una vez pase la pandemia por covid-19.
Artículo original, cortesía de elsalvador.com