Formosa |
La jueza del Tribunal de Familia Viviana Karina Kalafattich encabezó una capacitación virtual destinada a jueces y juezas de Paz de toda la provincia. La actividad se desarrolló en el marco de la Diplomatura Universitaria en Justicia de Proximidad y puso el foco en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
En el marco de la formación permanente destinada a fortalecer el funcionamiento de la Justicia de proximidad, se llevó a cabo una capacitación virtual sobre “Niños, niñas y adolescentes en la Justicia de Cercanía”, destinada a jueces y juezas de Paz de toda la provincia.
La actividad estuvo encabezada por la jueza del Tribunal de Familia Viviana Karina Kalafattich, quien estuvo acompañada por los tutores María Fátima Pando y Oscar Marcelo Paolisso. El encuentro correspondió a la primera clase del Módulo 3 de la Diplomatura Universitaria en Justicia de Proximidad, que contempla una carga total de 15 horas.
La propuesta de formación busca brindar herramientas concretas a quienes desempeñan funciones en los distintos puntos del territorio provincial, especialmente frente a situaciones en las que se encuentran comprometidos los derechos de personas que atraviesan contextos de vulnerabilidad.
El Módulo 3 tiene como eje central el abordaje de niños, niñas, adolescentes y personas mayores en el ámbito de la justicia de proximidad, con una mirada orientada a los derechos humanos, la autonomía y la necesidad de generar respuestas adecuadas y oportunas frente a situaciones de vulneración.
En este sentido, uno de los principales objetivos consiste en analizar la evolución de los paradigmas jurídicos vinculados con la niñez y la vejez. La capacitación propone dejar atrás concepciones tradicionales basadas en modelos tutelares y en prejuicios relacionados con la edad, para avanzar hacia el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, con autonomía progresiva y capacidad para participar en las decisiones que los afectan.
Asimismo, el programa contempla la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las 100 Reglas de Brasilia, particularmente en el análisis de situaciones concretas que pueden presentarse en comunidades rurales y suburbanas.
Otro de los ejes destacados es la articulación entre la Justicia y las distintas instituciones que conforman las redes comunitarias. En este punto, se busca fortalecer el papel de los Facilitadores Judiciales como una verdadera “antena comunitaria”, capaz de detectar tempranamente posibles vulneraciones de derechos, generar alertas y facilitar la llegada de las personas a los organismos correspondientes.
La Justicia de Paz como
primera puerta de acceso
Durante la primera clase, Kalafattich y los tutores destacaron especialmente el rol que cumplen los juzgados de Paz en las comunidades, teniendo en cuenta que, en numerosas ocasiones, constituyen la primera puerta de acceso a la Justicia para una familia que atraviesa una situación de vulnerabilidad.
Desde esa perspectiva, la capacitación estuvo orientada a proporcionar herramientas conceptuales y prácticas que permitan reconocer rápidamente una posible vulneración de derechos y establecer cuáles son las medidas que deben adoptarse en cada caso, especialmente cuando existe una situación de riesgo que requiere una respuesta inmediata.
La propuesta académica fue organizada en tres grandes bloques temáticos, diseñados para abordar distintos aspectos vinculados con la intervención judicial.
El primer bloque, denominado “Del ‘Menor’ al ‘Sujeto de Derecho’”, plantea el recorrido histórico y jurídico que permitió pasar de una concepción en la que los niños permanecían prácticamente invisibilizados a otra que los reconoce como sujetos de derechos. En este segmento se trabajaron conceptos centrales como el Interés Superior del Niño y el principio de autonomía progresiva.
El segundo bloque, titulado “La ventanilla de urgencias”, estuvo destinado a delimitar las competencias y responsabilidades del juez de Paz frente a determinadas situaciones. También se abordaron cuestiones relacionadas con la violencia familiar y de género, tomando como referencia la Ley Nacional 26.485, además del papel que desempeñan los Facilitadores Judiciales en la detección y derivación de situaciones que requieren intervención.
Finalmente, el tercer bloque, “Las herramientas del oficio: escuchar y comunicar”, puso el acento en la importancia de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. En particular, se trabajó sobre el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre aspectos prácticos vinculados con los mecanismos adecuados para escuchar a los menores de edad.
La comunicación de las decisiones judiciales también ocupó un lugar relevante, con especial énfasis en la necesidad de utilizar un lenguaje claro tanto en sentencias como en resoluciones, de manera que las personas involucradas puedan comprender efectivamente las decisiones que las afectan.
Un taller para aprender a
identificar situaciones de
urgencia
Como parte de la jornada se desarrolló una actividad práctica denominada “El Semáforo de la Urgencia”, mediante la cual los participantes analizaron diferentes situaciones hipotéticas que podrían presentarse en un pueblo, barrio o comunidad.
La dinámica tuvo como objetivo entrenar la capacidad de los operadores judiciales para distinguir distintos niveles de riesgo y definir, en consecuencia, qué tipo de intervención corresponde realizar.
En los casos identificados con el color rojo, se plantearon situaciones que requieren una actuación urgente y una intervención judicial inmediata para interrumpir o reducir el riesgo. Como ejemplo se presentó el caso de vecinos que alertan sobre la presencia de niños solos durante la noche dentro de una vivienda, donde además se escuchan gritos y se registran condiciones climáticas adversas.
El color amarillo, en tanto, fue utilizado para situaciones que requieren una respuesta articulada entre la Justicia y los organismos administrativos especializados en niñez. Entre los ejemplos se planteó el caso de una madre que solicita ayuda porque su hijo de ocho años dejó de asistir a la escuela y existen dificultades para garantizar la alimentación familiar. En circunstancias de este tipo, la respuesta requiere la participación coordinada de las áreas administrativas de infancia y de la red institucional disponible.
Por último, el color verde correspondió a situaciones que no presentan un riesgo inminente y cuya resolución corresponde a ámbitos de justicia especializada. Como ejemplo se trabajó sobre conflictos entre progenitores vinculados con el cuidado de los hijos durante períodos de vacaciones.
La puesta en común de los casos permitió debatir sobre los límites y alcances de la actuación de los jueces de Paz, destacando que su función no debe reducirse a una posición pasiva frente a las situaciones de vulnerabilidad. Por el contrario, se remarcó la importancia de actuar con una diligencia reforzada, identificando riesgos, articulando con los organismos competentes y adoptando las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones.
Continuidad de la capacitación
La formación tendrá continuidad el próximo 26 de agosto, cuando se desarrolle la segunda clase del Módulo 3, que estará dedicada a “Vejez y derechos fundamentales en la Justicia de Cercanía”.
En esa oportunidad, la capacitación estará a cargo de los docentes Isolina Dabove y Federico Robledo, quienes también se desempeñarán como tutores.
De esta manera, la Diplomatura Universitaria en Justicia de Proximidad avanza en el fortalecimiento de las capacidades de jueces y juezas de Paz y de la red de Facilitadores Judiciales, con una propuesta que combina contenidos teóricos, análisis de casos y herramientas prácticas para la intervención territorial.
El objetivo final es consolidar una Justicia cada vez más cercana a las comunidades, capaz de brindar respuestas oportunas ante situaciones de vulnerabilidad y de garantizar el acceso efectivo a los derechos, especialmente de aquellos sectores que requieren una protección reforzada.
La capacitación sobre niñez y adolescencia permitió, en este sentido, poner en primer plano la responsabilidad que tienen los operadores de la Justicia de proximidad en la detección temprana de situaciones de riesgo y en la construcción de respuestas articuladas. Se trata de un enfoque que busca acercar las instituciones judiciales a las realidades concretas de cada comunidad y garantizar que niños, niñas y adolescentes sean escuchados, respetados y reconocidos como verdaderos sujetos de derecho.